Una ley justa, por el derecho a la vivienda y contra la especulación

La quiebra del sistema bancario que vivimos en el país en el año 1999 y otras que han sufrido varios países de nuestra América Latina, como el caso del famoso “corralito” argentino, fueron posibles por la falta de regulación que tenía el sistema financiero, por la falta de leyes que precautelaran los intereses de la ciudadanía frente a la lógica del capital financiero especulativo.

De igual manera, las burbujas inmobiliarias que en estos años se vivieron en España y otros países europeos, y que afectaron también a nuestros migrantes, se dieron por esa misma falta de regulación, bajo la teoría neoliberal de que el mercado establece con su “mano invisible” los equilibrios necesarios, cuando la verdad es que la lógica especulativa del mercado creó una brecha muy profunda entre el valor real de la vivienda, el costo de financiamiento y los precios de venta en el mercado inmobiliario. El resultado de esta lógica fue que los bancos se quedaban con las casas, mientras miles de personas perdían sus hogares pero mantenían sus deudas.

Contar con una ley que regule la plusvalía inmobiliaria no es algo nuevo para América Latina ni para el mundo en general. Países como Colombia, Brasil, Uruguay, España y México han establecido normativas al respecto.

La verdad es que la regulación es indispensable para establecer límites a las ganancias ilegítimas que se puedan producir en tal o cual sector, en desmedro de la sociedad en su conjunto.

El sentido profundo de la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos es regular, pero también servirá para frenar a esos traficantes de tierras que tanto daño le han hecho al país, especialmente a las clases más desprotegidas, que muchas veces eran estafadas por verdaderas mafias dedicadas a la venta de terrenos a precios exorbitantes en zonas en las que no están planificadas obras públicas y, al mismo tiempo, a la especulación con los precios de propiedades que luego de unos años, y gracias a la inversión del Estado o el Municipio, adquieren un valor mucho más alto.

La especulación no puede ser la que decida si una familia puede o no acceder a una vivienda. Debemos contar con parámetros para evaluar el bien, a partir de costos reales.

Por eso, se establece un límite a la ganancia extraordinaria que se puede obtener, para evitar acaparamiento, concentración de tierras improductivas o, pero aún, el uso de información privilegiada para especular.

Muchos actores de oposición han buscado generar un clima de preocupación en la sociedad, a partir de la desinformación y la tergiversación de la naturaleza del proyecto, señalando que se pondrá un impuesto del 75% sobre las ganancias de la venta de una casa, departamento o terreno. Nada más falso: la ley es clara y habla de un impuesto del 75% sobre las ganancias extraordinarias, garantizándose un margen legítimo de ganancias, que se consideran ordinarias y que van a estar “de acuerdo al promedio de la tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo de un año, publicada mensualmente por el Banco Central”, estableciéndose además una base no imponible de 24 salarios básicos unificados. Esa oposición irresponsable no explica que la ganancia ordinaria pagará 0% de impuesto y no dice que muchas personas acabarán pagando menos de lo que pagan con la ley actualmente vigente.

Se ha cuestionado también el por qué en este momento presentamos nuevamente el proyecto de ley. La respuesta es sencilla: porque es necesaria, porque más allá de cálculos puramente electorales, actuamos con responsabilidad política para entregarle al país las leyes que necesita. Muchas de estas leyes no son del agrado de la derecha ni de ciertos sectores del poder económico, porque son leyes que buscan mecanismos de redistribución de la riqueza, de justicia social, precisamente los conceptos que a la derecha retardataria le causan dolor de cabeza y de bolsillo.

No se trata de una iniciativa repentina, la hemos debatido con la sociedad por más de un año, a través de un gran diálogo nacional por la justicia social y la equidad, socializaciones territoriales y el debate en la opinión pública, mediante los cuales recogimos en todo el país importantes aportes al proyecto de ley. Hemos escuchado al sector de la construcción, a los corredores de bienes raíces, a los municipios, que serán los beneficiarios de los fondos recaudados, y que deberán retornarlos a todo el cantón en obras de agua potable y alcantarillado. Y aquí se cae otra de las mentiras con que se ha querido restar legitimidad a la propuesta, la que decía que el gobierno quiere más ingresos, cuando esto irá directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Y para los municipios más pequeños, el beneficio es aún mayor, pues contarán con ingresos propios para proyectos descentralizados, sin depender del Estado central.

Se trata de un proyecto de ley justo, necesario y que está en sintonía con las grandes transformaciones sociales que hemos impulsado en la última década.