De acuerdos y de alianzas. Apuntes para la reflexión.
Los últimos acontecimientos de la política nacional ponen en primer plano la necesidad de una comprensión más acabada de lo que significa una política de alianzas, de sus alcances, dimensiones y efectos. Si prestamos atención a los diferentes comentarios publicados en redes sociales por parte de militantes o simpatizantes de la Revolución Ciudadana, no tan distantes en el fondo de otros sectores de la ciudadanía indignados tras los acuerdos y desacuerdos recientes que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional, se hace evidente la necesidad imperiosa de potenciar los procesos de formación política, no sólo para reafirmar principios y una orientación ideológica clara, sino también para alcanzar una comprensión de la coyuntura -del momento político y de las necesidades que éste impone- más ajustada a la realidad, menos abstracta, más situada en la complejidad del presente que enfrentamos.
Leímos y escuchamos impugnaciones en las que la intención de alcanzar acuerdos muy puntuales con uno de los sectores históricamente más antagónicos al progresismo se confundía con la idea de una alianza política, dándose a entender una inconsecuencia ética y política.
A lo largo de la historia, en escenarios muy disímiles, acuerdos entre diferentes sectores políticos han jugado un papel decisivo y no siempre éstos se dieron entre los considerados “aliados naturales”. Pareciera una obviedad, pero creo que es necesario volver a señalarlo: la legitimidad de los acuerdos no se limita a aquellos que se celebran entre espacios políticos afines, sino que se extiende a aquellos que son rubricados entre fuerzas abiertamente hostiles entre sí, enfrentadas incluso por visiones del mundo irreconciliables.
Así, sectores abiertamente enfrentados, ubicados en las antípodas unos de otros, en ocasiones han debido sentarse y negociar; acordar, al menos, algunos elementos para continuar sus respectivas luchas sobre nuevas bases o escenarios diferentes.
Los acuerdos deben juzgarse fundamentalmente por sus contenidos, por las consecuencias que encierran y los escenarios que abren; no tiene sentido denunciarlos por el mero hecho de quiénes son sus protagonistas. En los años ‘80, Nelson Mandela aún desde la cárcel negociaba con la minoría blanca de los afrikaners, en el poder, el fin del régimen racista del apartheid. Nadie podría haberle cuestionado al general Omar Torrijos haber entablado negociaciones con el presidente norteamericano Jimmy Carter para la recuperación de la soberanía panameña sobre la Zona del Canal.
En nuestro país, la Consulta Popular de febrero de 2018 representó la articulación de una gran alianza de grupos variopintos pero unidos por una ambición compartida: la famosa “descorreización”. De ahí nació el trujillato, músculo ejecutor de la desinstitucionalización acelerada, base para el cometimiento de inconstitucionalidades y violaciones de derechos humanos en cadena, con la feroz represión de octubre de 2019 por parte de la fuerza pública como corolario.
Insisto, lo que hay que ponderar al momento de juzgar acuerdos y alianzas son sus contenidos, sus consecuencias, qué es lo que está en juego. Y no, no cualquier acuerdo es válido, no cualquier alianza es legítima. El fin no justifica los medios. Los acuerdos políticos no pueden estar aislados de la ética y los principios elementales que rigen en un movimiento o agrupación política.
Luego de las elecciones del 11 de abril, tras su primera derrota electoral, la Revolución Ciudadana como tendencia política necesitó sentarse en una misma mesa con otros sectores, entre ellos sus máximos antagonistas en la esfera de la política nacional.
Los primeros acercamientos fueron, en efecto, con aquellos que muchas veces son considerados en el imaginario político como nuestros “aliados naturales”, o son vistos como ideológicamente más cercanos: la Izquierda Democrática y Pachakutik, con la idea de trabajar en una agenda programática común capaz de frenar la profundización de medidas antipopulares que pudieran tratarse en la Asamblea Nacional. Pero -y esto es muy importante tenerlo presente- esos “aliados naturales» son los que en la legislatura saliente votaron por leyes absolutamente antipopulares, como la mal llamada “Ley de Apoyo Humanitario”, o los que acaban de asumir sus curules y en octubre de 2019 pactaron con el gobierno de Moreno, dejando a un lado no solo los reclamos del propio movimiento indígena y sectores populares, sino dándoles la espalda a las familias de los asesinados y de los mutilados.
Entonces, cuando pensamos que podíamos ir más allá de la lógica correísmo / anticorreísmo, nos encontramos con el obstáculo de que lamentablemente pesa más la agenda que persigue el aniquilamiento político del correísmo que la mirada que se requiere para alcanzar un acuerdo progresista de bases amplias que nos permita enfrentar a las fuerzas más conspicuas de la derecha, sentando las bases de ese frente amplio progresista que el país necesita y que espera una gran parte de la población que votó por una propuesta alternativa a la continuación del neoliberalismo.
Cerrada esa posibilidad, y no por falta de vocación de nuestra parte, sentarnos a la mesa con quienes históricamente han sido naturales antagonistas del proceso de la Revolución Ciudadana y de la izquierda en general se justifica en la necesidad imperiosa que tiene el país de recuperar el estado de derecho, la independencia judicial, la universalización y gratuidad de la vacuna contra la covid-19, la recuperación del sistema educativo público y la conformación de la Comisión de la Verdad de la mano de organismos internacionales, como en campaña electoral lo propuso el nuevo presidente Lasso. Una agenda mínima que, bajo ningún punto de vista, compromete los principios políticos, éticos ni ideológicos, en los que está claro que nos separan diferencias abismales, públicas y evidentes.
Cualquiera de los escenarios, de concretarse, hubiera sido mejor que el bochornoso espectáculo que hemos presenciado en estos días en la Asamblea Nacional, la mediocridad en el manejo parlamentario y el reparto de la Patria que se ha convertido en un festín para los medios de comunicación. Así, lamentablemente, iniciamos un nuevo periodo de gobierno con las mismas taras de ingobernabilidad que las de su antecesor, con una democracia en decadencia y una agenda que responde a los que controlan y manejan el poder económico.
Ante este laberinto político, quienes militamos en el proyecto de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa debemos buscar la forma de recomponer nuestro espacio para mejor servir a nuestros compatriotas, sintonizando con las demandas populares y atentos a las nuevas dinámicas movilizadoras.
Es momento propicio para repensar nuestro rol como militantes y como estructura política, definir el tipo de organización que queremos. La renovación política no solo debe venir acompañada de nuevos rostros sino de nuevas ideas movilizadoras.
Venimos de un proceso histórico que nos deja grandes experiencias positivas, hicimos lo que teníamos que hacer, quizá no tanto como hubiésemos querido, pero logramos transformar la vida de cientos de miles de familias ecuatorianas. Como movimiento seguimos siendo la primera fuerza política del Ecuador y por esa razón nuestra responsabilidad es aún mayor. Un revés político tiene que ser también un aprendizaje que nos exige correcciones y ajustes.
En estos tiempos difíciles que vivimos como país, se hace imprescindible fortalecer la organización interna, ampliar la base social de nuestra fuerza y eso solo lo vamos a lograr con objetivos claros que respondan a las grandes necesidades y demandas de nuestro pueblo y las nuevas generaciones. Hay que generar nuevos espacios de militancia, pensando también en quienes buscan lugares alternativos de participación.
El camino que tenemos por delante no es fácil, pero representa un desafío inexcusable: revitalizar el proyecto de la Revolución Ciudadana, con fidelidad a nuestra historia y con apertura a lo nuevo y lo distinto, conjugando lealtad y renovación.
Lealtad y renovación, insisto, dos ideas que a menudo se presentan, equivocada o engañosamente, separadas y que para nosotros deben marchar juntas.
Lealtad a nuestra causa, a nuestra historia, a los orígenes que marcaron a fuego nuestro compromiso e identidad, a nuestro liderazgo estratégico. Renovación, no sólo de rostros, sino, fundamentalmente, de formas y lenguajes, de praxis política; no sólo la presencia de rostros jóvenes, sino una verdadera posta generacional, una participación protagónica que nos aporte vitalidad y proyección al futuro.
El desafío está planteado. La Revolución Ciudadana debe recrearse para convocar con éxito a la gestación del más amplio frente político y social que vuelva a plantear en Ecuador un horizonte de cambio de sentido popular y progresista.
¡Entre todas y todos, con humildad y patriotismo, lo vamos a lograr!
