En Ecuador, las mujeres hemos luchado por nuestros derechos de manera permanente. Nadie nos ha regalado nada. Cuando Matilde Hidalgo, la primera mujer médica y también la primera sufragante, reivindicó el derecho al voto de las mujeres a principios del siglo XX, no lo hizo en un contexto aislado, sino que esta acción se inscribía como parte de un movimiento amplio, el liberalismo ecuatoriano, que buscaba construir una mejor sociedad para todos, sin exclusiones. Por eso, cuando ella se presentó ante las urnas para ejercer sus derechos democráticos, no lo hizo como una acción individual, sino en representación de todas las mujeres del Ecuador, porque los avances sociales y políticos de las mujeres son logros colectivos y así debemos asumirlos y defenderlos.

Ecuador fue el primer país de América Latina en donde se hizo efectivo el voto de las mujeres, en 1929. Pero ese gran logro, que dejó sentado un precedente fundamental para toda nuestra región, no significó la instauración de una democracia paritaria, ni el final de la discriminación y la violencia de género.

Matilde Hidalgo se presentó al recinto electoral con la resolución de que su voz fuera escuchada, diciendo simplemente “yo también iré a votar”, desafiando a los poderes y  paradigmas de aquel entonces. Y su ejemplo nos compromete a todas, porque hoy las mujeres ecuatorianas tenemos la necesidad y la obligación de decir: “yo también iré a votar”, para construir una mejor democracia y para que nuestras voces no sean acalladas. Vamos a votar y es nuestro deber cívico hacerlo lo mejor posible, elegir la mejor opción para nuestras familias, para nuestra comunidad, para el futuro del país que entre todas y todos construimos.

Hemos dado grandes pasos en esta última década, las mujeres estamos presentes en la vida pública y en cargos de gran responsabilidad, en ministerios, secretarías y en las primeras dignidades de la Función Legislativa; además, en todas las elecciones se ha instaurado la alternancia para candidatas mujeres, como instrumento de la democracia paritaria por la que luchamos. Con políticas públicas y con nuevas leyes estamos combatiendo la violencia, el discrimen y los crímenes de odio, para heredarles a nuestras niñas y adolescentes un país distinto.

Hoy las amas de casa tienen derecho a su jubilación, las trabajadoras del hogar tienen derechos laborales que antes se les negaban, ya la ley prohíbe el matrimonio en menores de edad, ya las mujeres podemos administrar los bienes de la sociedad conyugal, ya el apellido materno puede ir en primer lugar si la madre así lo decide, las mujeres campesinas y agricultoras tienen derecho a la tenencia de su tierra, y acceso a políticas positivas, y, por supuesto, ya las leyes castigan el femicidio. Esta es nuestra lucha y todas formamos parte de estos cambios históricos, pero todavía es mucho lo que nos falta por hacer, para erradicar toda forma de violencia y discrimen contra las mujeres y las niñas.

Por eso, queridas mujeres de mi país, la invitación es a votar con todo el corazón por el futuro, con la conciencia de que no todas las mujeres candidatas comparten estas banderas progresistas, ni defienden estos logros.

En las próximas elecciones no son nombres los que están en juego, sino posiciones políticas muy distintas. En el 2017 vamos a elegir entre dos modelos de Estado y de país. Y las mujeres estaremos alertas para no permitir ninguna clase de retroceso en los derechos alcanzados, que son ya patrimonio de toda la sociedad.

Con el ejemplo de Matilde Hidalgo, con la fuerza de Nela Martínez, con la pasión de Dolores Cacuango y la infatigable esperanza de Tránsito Amaguaña, vamos a hacer oír nuestras voces, no vamos simplemente a votar: vamos a votar por nuestros derechos y los de nuestros hijos e hijas.

Compartir con nuestros seres amados es sin duda el mejor regalo. Felices fiestas y un venturoso 2017

Gabriela Rivadeneira

Presidenta
Asamblea Nacional (más…)

La quiebra del sistema bancario que vivimos en el país en el año 1999 y otras que han sufrido varios países de nuestra América Latina, como el caso del famoso “corralito” argentino, fueron posibles por la falta de regulación que tenía el sistema financiero, por la falta de leyes que precautelaran los intereses de la ciudadanía frente a la lógica del capital financiero especulativo.

De igual manera, las burbujas inmobiliarias que en estos años se vivieron en España y otros países europeos, y que afectaron también a nuestros migrantes, se dieron por esa misma falta de regulación, bajo la teoría neoliberal de que el mercado establece con su “mano invisible” los equilibrios necesarios, cuando la verdad es que la lógica especulativa del mercado creó una brecha muy profunda entre el valor real de la vivienda, el costo de financiamiento y los precios de venta en el mercado inmobiliario. El resultado de esta lógica fue que los bancos se quedaban con las casas, mientras miles de personas perdían sus hogares pero mantenían sus deudas.

Contar con una ley que regule la plusvalía inmobiliaria no es algo nuevo para América Latina ni para el mundo en general. Países como Colombia, Brasil, Uruguay, España y México han establecido normativas al respecto.

La verdad es que la regulación es indispensable para establecer límites a las ganancias ilegítimas que se puedan producir en tal o cual sector, en desmedro de la sociedad en su conjunto.

El sentido profundo de la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos es regular, pero también servirá para frenar a esos traficantes de tierras que tanto daño le han hecho al país, especialmente a las clases más desprotegidas, que muchas veces eran estafadas por verdaderas mafias dedicadas a la venta de terrenos a precios exorbitantes en zonas en las que no están planificadas obras públicas y, al mismo tiempo, a la especulación con los precios de propiedades que luego de unos años, y gracias a la inversión del Estado o el Municipio, adquieren un valor mucho más alto.

La especulación no puede ser la que decida si una familia puede o no acceder a una vivienda. Debemos contar con parámetros para evaluar el bien, a partir de costos reales.

Por eso, se establece un límite a la ganancia extraordinaria que se puede obtener, para evitar acaparamiento, concentración de tierras improductivas o, pero aún, el uso de información privilegiada para especular.

Muchos actores de oposición han buscado generar un clima de preocupación en la sociedad, a partir de la desinformación y la tergiversación de la naturaleza del proyecto, señalando que se pondrá un impuesto del 75% sobre las ganancias de la venta de una casa, departamento o terreno. Nada más falso: la ley es clara y habla de un impuesto del 75% sobre las ganancias extraordinarias, garantizándose un margen legítimo de ganancias, que se consideran ordinarias y que van a estar “de acuerdo al promedio de la tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo de un año, publicada mensualmente por el Banco Central”, estableciéndose además una base no imponible de 24 salarios básicos unificados. Esa oposición irresponsable no explica que la ganancia ordinaria pagará 0% de impuesto y no dice que muchas personas acabarán pagando menos de lo que pagan con la ley actualmente vigente.

Se ha cuestionado también el por qué en este momento presentamos nuevamente el proyecto de ley. La respuesta es sencilla: porque es necesaria, porque más allá de cálculos puramente electorales, actuamos con responsabilidad política para entregarle al país las leyes que necesita. Muchas de estas leyes no son del agrado de la derecha ni de ciertos sectores del poder económico, porque son leyes que buscan mecanismos de redistribución de la riqueza, de justicia social, precisamente los conceptos que a la derecha retardataria le causan dolor de cabeza y de bolsillo.

No se trata de una iniciativa repentina, la hemos debatido con la sociedad por más de un año, a través de un gran diálogo nacional por la justicia social y la equidad, socializaciones territoriales y el debate en la opinión pública, mediante los cuales recogimos en todo el país importantes aportes al proyecto de ley. Hemos escuchado al sector de la construcción, a los corredores de bienes raíces, a los municipios, que serán los beneficiarios de los fondos recaudados, y que deberán retornarlos a todo el cantón en obras de agua potable y alcantarillado. Y aquí se cae otra de las mentiras con que se ha querido restar legitimidad a la propuesta, la que decía que el gobierno quiere más ingresos, cuando esto irá directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Y para los municipios más pequeños, el beneficio es aún mayor, pues contarán con ingresos propios para proyectos descentralizados, sin depender del Estado central.

Se trata de un proyecto de ley justo, necesario y que está en sintonía con las grandes transformaciones sociales que hemos impulsado en la última década.

Un millón de palabras no alcanzarían para decir de manera apropiada un hasta siempre a Fidel Castro Ruz, para agradecer sus enseñanzas sobre dignidad y soberanía, su claridad política y su fe en la mujer y el hombre nuevos.

Ante su partida, líderes y pueblos recuerdan su figura enorme ante una historia que lo absolvió una y mil veces, resaltan su vida de auténtico humanista, sus batallas contra el discrimen, la expoliación, el etnocidio, la usurpación, la cosificación del espíritu humano y la mercantilización de la esperanza.

Pero además de los evidentes legados que deja para Cuba, para Latinoamérica, para África y todas las naciones sometidas a un orden mundial injusto, hay agradecimientos inmensos que le debemos al Comandante Fidel Castro alrededor del planeta y que deben ser expresados, porque su vida dedicada a la construcción de la utopía cambió la historia y el orden geopolítico en más de una ocasión, en nombre de la dignidad de los pueblos del mundo y con la firme voz de una humanidad que se negaba y se niega a negociar el futuro con la muerte y la rapiña corporativa.

Durante la Guerra Fría y en un mundo fracturado que se enfrentaba a una colisión nuclear suicida, Fidel representó la cordura de la humanidad ante el auto aniquilamiento, la postura de una isla y su gente que se expresaba por la paz ante el mundo y el universo entero, con la frente en alto ante los misiles que los tenían como primer blanco. Tal vez hoy estemos todos aquí gracias a su incorruptible esperanza.

Ante el aniquilamiento masivo de pueblos en Angola, la presencia de internacionalistas cubanos frenó el etnocidio que tenían preparado las multinacionales y la historia de toda África vibró ante la solidaridad continental y levantó millones de conciencias para enfrentar los opresores que compartimos en ambos continentes.

Ante la pandemia del SIDA que amenazaba con aniquilar a gran parte de la población mundial, la firmeza de Fidel fue determinante para la elaboración de los medicamentos genéricos que han salvado millones de vidas.

Hace pocos años, cuando un nuevo brote de Ébola estuvo a punto de salirse de control hasta alcanzar proporciones de catástrofe global, los médicos internacionalistas cubanos detuvieron el virus más letal que la humanidad conoce, en nombre de la vida en la Tierra, y con Cuba y Fidel en el corazón, mientras las farmacéuticas se desentendían ante este apocalipsis.

Su voz resonó en dos siglos, contra el hambre mundial, contra el abuso dondequiera que se encontrara, contra las guerras infames que desde Vietnam hasta Irak han sido propiciadas por intereses económicos, siempre a favor de la vida, de la dignidad, de la soberanía, la justicia y la construcción de un mundo multipolar donde la voz de lo humano pueda expresarse.

A pesar del bloqueo y el asedio de más de cincuenta años, Cuba es ejemplo mundial en temas de salud, educación, equidad, tratamiento de discapacidades, medicina preventiva, pero mucho más allá de estas metas que todavía nosotros no hemos alcanzado, Cuba y Fidel son ejemplo de solidaridad mundial, ejemplo de una nueva manera de relacionarse con los pueblos del mundo, compartiendo luz a manos llenas, con brigadas de salud y educación dispuestas para ayudar a todas las naciones que lo pidieran.

Fidel nos ha dejado las manos llenas de banderas, de paz, de humanismo, de pasión por un futuro posible, por una Latinoamérica unida y soberana. Nos harán falta sus ojos infinitos para ver hacia adelante, su voz que despertaba los más altos sueños colectivos, pero su corazón aquí se queda, para seguir marcando el sendero que su paso visionario definió para nuestros pueblos.

Hasta siempre, comandante Fidel Castro Ruz.

También hay tiempo para reírse en equipo #MannequinChallenge en estudio improvisado. ? Sábado 7:00 am

Gabriela Rivadeneira

Nos acercamos a una coyuntura electoral en la que ecuatorianas y ecuatorianos vamos a decidir qué rumbo tomará nuestro país en los próximos años. Más allá de los eslóganes y las etiquetas, debemos señalar con precisión lo que está en juego.

Porque lo que hemos alcanzado en la última década es una conquista colectiva, una plataforma institucional, de derechos y de infraestructura a la que no debemos renunciar, para desde ella, seguir fortaleciendo la gran transformación del Ecuador hacia la equidad y la justicia social. Lo que hizo la Revolución Ciudadana no lo había hecho nadie. Incluso nuestros opositores reconocen -a veces en privado, otras veces públicamente- muchos de esos logros en materia de educación, salud, infraestructura…

La plataforma de estabilidad democrática que hemos alcanzado en esta década es una conquista que no podemos minimizar, y en la que la nueva Asamblea Nacional ha jugado un papel fundamental. Recordemos: en Ecuador el Congreso actuaba como escenario de componendas a espaldas de la ciudadanía con el fin de acorralar y condicionar al Poder Ejecutivo para, dado el caso, disponer la remoción de presidentes.

A la luz de la historia de nuestro país, que supo vivir una ingobernabilidad crónica, la disputa por la representación parlamentaria adquiere una importancia crucial.

Hay actores políticos que anhelan y trabajan para volver a ese escenario. Conscientes de su debilidad para la disputa del gobierno, entre otras cosas porque carecen de un proyecto de nación que vaya más allá de un anticorreísmo rabioso, buscan espacios en la Asamblea, para desde allí obstaculizar el plan de gobierno.

En este nuevo escenario que se abre, necesitamos asambleístas comprometidos con un proyecto de nación, con el trabajo legislativo, hombres y mujeres orgánicos y coherentes con los valores y principios por los cuales han sido elegidos, que honren la confianza de la ciudadanía.

En mi discurso con motivo del Informe a la Nación del Presidente, señalaba que debíamos ser radicalmente autocríticos, y hacía una reflexión acerca de dos males que debíamos combatir: corrupción y oportunismo. Los oportunistas que van de un lado al otro según sus conveniencias, deben ser rechazados. ¡Y los corruptos deben ser rechazados, juzgados y condenados! Los que se sirven a sí mismos del poder no pueden tener cabida en un proyecto de transformación que trabaja para el bien común.

Por eso he defendido la necesidad del Pacto Ético, porque nadie que desvíe recursos a paraísos fiscales -esos agujeros negros donde han escondido lo que nos han robado-, que huya de sus obligaciones más elementales, puede tener la solvencia moral para ser candidato y representar a los ecuatorianos honestos y trabajadores, que sí se la juegan por su país. Este debería ser un compromiso, no sólo de nuestro espacio, sino de todo el arco político.

Es hora de renovar nuestro compromiso por un país solidario, nuestro compromiso ético y político con el proyecto revolucionario conducido por nuestro compañero Rafael Correa. Por eso vamos a construir una nueva mayoría parlamentaria para las grandes mayorías. Vamos, con Lenín Moreno y Jorge Glas, rumbo a 2017, sin perder el rumbo, ¡para seguir haciendo patria para todos!

Desde cualquier espacio público que ejerzamos, nuestro reto como mujeres es la feminización de la política.
Gabriela Rivadeneira

Presidenta
Asamblea Nacional del Ecuador

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El histórico proceso de paz que vive Colombia, que ahora entra en una nueva etapa de negociaciones, es fundamental para toda la región y no solo para nuestro querido vecino del Norte.

El Premio Nobel de la Paz, otorgado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no es más que un reconocimiento a todo el pueblo colombiano, al esfuerzo por buscar la tan anhelada paz tras el largo conflicto que ha vivido este país hermano, pero sobretodo a todas las víctimas y un homenaje a todo el sufrimiento que han pasado para poder tener una luz de esperanza al final de este proceso.

La paz definitiva que tanto esperamos anunciará nuevas perspectivas sociales y económicas para Colombia, pero además ratifica la vocación pacífica y democrática de nuestro continente, un patrimonio de soberanía regional que debemos preservar como el más grande tesoro.

El domingo 2 de octubre se sometieron los acuerdos alcanzados a una consulta popular y, aunque el resultado no fue el que muchos esperábamos, se trata de un hecho histórico para Colombia, porque por primera vez los ciudadanos se acercaron a las urnas para votar por un acuerdo de paz que había sido negociado durante 4 años entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Asistí en calidad de observadora internacional a dichas elecciones, estuve en varias localidades y la esperanza por el SÍ era muy grande, especialmente en el campo. Por eso, fue inmensa la tristeza cuando ganó el NO, tras una campaña en la que reinaron la desinformación y la manipulación, y en la que se intentó, desde ciertos actores políticos, que el miedo prevaleciera.

El 62% de ausentismo que se registró en esta votación -a mi juicio, la más importante de los últimos cincuenta años para este país- nos habla, también, de una falta de confianza en la institucionalidad democrática que debe convocar a todos los actores políticos que creen en la soberanía popular a plantearse mecanismos idóneos a fin de ampliar las bases de la democracia. ¡No puede ser que decisiones tan fundamentales y trascendentes para el futuro de Colombia no cuenten con una participación de la ciudadanía más elevada y comprometida!

Pero no se trata de una derrota de la paz, sino de un nuevo tramo en su construcción. Sabemos que el diálogo es el único camino, tenemos fe en que pronto el sufrido pueblo colombiano acudirá a expresar un SÍ rotundo a nuevos acuerdos y consensos que permitirán caminar con paso firme hacia una paz que traiga de la mano no solamente el cese al fuego, que es el primer paso, sino la construcción social de un país más justo y equitativo, de una Colombia más humana.
En el continente hemos superado en otras décadas conflictos armados que devastaron países como El Salvador y Guatemala. Podemos hacerlo, sabemos que estos procesos no son fáciles ni deben ser apresurados, y que cada etapa ratifica la voluntad de las partes y del pueblo para conseguir ese sueño colectivo.

A los queridos compatriotas de la Patria Grande, a los hermanos colombianos, un llamado a seguir empujando esta esperanza, a seguir plenamente involucrados en este proceso, plenamente comprometidos, para que el próximo referéndum alcance los niveles más altos de participación en Colombia y en todas sus embajadas y consulados alrededor del mundo.

¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz!
¡Que viva la Patria Grande pacífica, soberana y democrática!

Cuando discutimos de política, no podemos ser ingenuos ni fanáticos. Desde luego habrá casos que merezcan una investigación judicial, pero no podemos desconocer el entramado de intereses que hay detrás de las acusaciones contra -no casualmente- grandes artífices de la unidad latinoamericana y de la justicia social, como Lula da Silva y como Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de intereses económicos y geopolíticos poderosos que buscan inhabilitar, precisamente, a líderes con un amplio respaldo popular, capaces de volver a ganar elecciones y poner nuevamente en marcha procesos populares y progresistas en sus países y, con ello, con capacidad de volver a impulsar con fuerza y determinación el proceso de integración regional que hoy sufre amenazas desde varios frentes.

Un recurso para hacerlo es despolitizar el debate, reducirlo a una multitud de querellas judiciales, para desprestigiar a quienes han representado y van a seguir representando una opción soberana y popular frente a la hegemonía de las élites, el gran capital y el eje del Norte.

Recordemos que sin la actuación determinante de Lula, de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, no habría sido posible sepultar el ALCA, aquella iniciativa de ‘integración’ neocolonial que promovía el gobierno de Estados Unidos, en la cumbre de Mar del Plata, en 2005.

Cuando desde el Ecuador nos sumamos, con el liderazgo de Rafael Correa, a esa gran marea continental antineoliberal y latinoamericanista, nos convertimos también en objeto del ataque de ese entramado de intereses desplazados, un ataque concertado en el que los medios de comunicación hegemónicos asumen el lugar de oposición política de los procesos progresistas, allí donde esa oposición aparece fragmentada o debilitada, en un escenario en el que, en muchos de nuestros países, los aparatos judiciales operan también a partir de evidentes agendas políticas.

En ese escenario signado por la concentración mediática, la cooptación de los parlamentos por las élites y la instrumentalización política de la justicia, que consideramos las vías privilegiadas de la operación de un nuevo Plan Cóndor, nuestros proyectos políticos han enfrentado y enfrentan severas dificultades, agravadas por la coyuntura económica mundial compleja y difícil. No debemos buscar todas las explicaciones en el despliegue de este renovado plan de recolonización de nuestra América, pero no podemos desconocer esta dimensión de ‘revancha de las élites’ y políticas de realineamientos y subordinación a los intereses de la potencia tradicionalmente hegemónica.

¿Cómo no íbamos a ser objeto de ese ataque concertado de las grandes corporaciones económicas y mediáticas, si fuimos elegidos como parte de un proyecto de transformación radical de la sociedad, de sentido profundamente popular, hacia la equidad y la justicia social? Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a poderosos intereses.

No estamos aquí para conformar a todo el mundo, pero sí a las grandes mayorías.

La política implica tomar decisiones en un campo atravesado por el conflicto, conflicto de intereses: principalmente el que enfrenta a las grandes mayorías sociales con las pequeñas minorías de privilegio. Quien crea que se puede obrar desde el consenso absoluto, miente o se miente a sí mismo.

Nosotros tenemos claro de qué lado estamos: junto con las grandes mayorías y con la Patria Grande. Por eso condecoramos a Cristina Fernández de Kirchner, a la Presidenta que demostró un compromiso ético gigantesco impulsando una política de derechos humanos fundada en la memoria, la verdad y la justicia.

Mientras algunos parecen extrañar el viejo Ecuador de los años más oscuros, el que condecoró a Augusto Pinochet, el general golpista que encabezó uno de los regímenes más criminales y fue instrumento clave del Plan Cóndor de la década del 70, nosotros, en cambio, homenajeamos a la mujer que, como Dilma Rousseff, perteneció a una generación política diezmada por ese mismo plan represivo, a la mujer que fue artífice fundamental de una Argentina y de una América Latina más libre, más justa y más soberana.

El pasado miércoles en Quito, más de 300 mujeres líderes de todo el país nos reunimos para conformar la Plataforma de Mujeres Progresistas por el país que queremos, que aglutina a compañeras dirigentes de organizaciones sociales, parlamentarias, autoridades de alto nivel de distintas funciones del Estado, mujeres de la cultura, empresarias, estudiantes, amas de casa y trabajadoras. En dicho encuentro, ratificamos nuestra pertenencia a un proyecto político, a sus horizontes de equidad y justicia social, reflexionamos, entre todas, acerca de los logros que hemos alcanzado estos años, los desafíos que se nos presentan y nos trazamos una hoja de ruta de cara a las elecciones que se avecinan.

En una coyuntura latinoamericana difícil y compleja, que acaba de mostrarnos el poder golpista que la derecha -desde su cara más ambiciosa- ha sido capaz de utilizar para destituir a una Presidenta electa como Dilma Rousseff, lo que representa un ataque a la democracia en toda la región y, particularmente, una amenaza para las mujeres políticas, y en un tiempo en el que Ecuador se prepara para un nuevo proceso electoral, más que nunca, las mujeres que, desde diferentes experiencias e identidades, conformamos el arco progresista queremos y debemos seguir siendo protagonistas de la construcción de la política, la transformación de la cultura y la sociedad.

Aunque la participación política de las mujeres no está exenta de dificultades, es verdad que la Constitución (2008) y las leyes han sido un instrumento fundamental para incrementar la participación en Ecuador. Hemos superado la barrera del 40% de participación femenina en el Parlamento, justo en la instancia donde se debaten y construyen los cuerpos normativos que generan y garantizan derechos sociales, políticos y económicos para la población. De igual manera, en la función ejecutiva y la función judicial se ha incrementado considerablemente la participación de las mujeres, superando el 40% en espacios de toma de decisión. Sin embargo, a nivel de autoridades locales electas, en el 2014 la cifra es sólo del 25,7%, lo que indica que aún existen obstáculos y retos para la paridad en la representación política.

En este período de la Asamblea Nacional se ha realizado un intenso trabajo para incorporar y profundizar la equidad de género en las leyes. Sin embargo, en la práctica esto es aún insuficiente. Queda camino por recorrer, derechos por consolidar y otros por conquistar, estamos conscientes de ello. Pero es un camino que tenemos que recorrer en unidad, sumando esfuerzos para continuar buscando la paridad en la representación política, pero también la equidad en la toma de decisiones y en el posicionamiento de temas en la agenda política.

Desde esta perspectiva, resulta importante debatir también sobre la violencia política que existe hacia las mujeres en el ejercicio de sus funciones. No basta solamente con llegar a los espacios de poder sino también combatir las prácticas y los imaginarios machistas a la hora de la toma de decisiones. De igual manera, es fundamental discutir y reflexionar acerca del rol de los medios de comunicación para alcanzar la equidad de género y una representación paritaria y libre de prejuicios también en el espectro mediático.

Nos proponemos, desde esta Plataforma de Mujeres Progresistas por el país que queremos, desde esta fuerza unida de las mujeres progresistas, disputar un modelo de país con mayor redistribución de la riqueza, un país más igualitario, más justo. ¡Vamos por nuevas victorias! ¡Vamos por nuevas conquistas! Porque vamos a seguir haciendo entre todas, junto a nuestros compañeros, el país que queremos.

La Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, inició la semana con actividades en la provincia de Guayas, en donde concedió algunas entrevistas a los medios de comunicación y participó de la inauguración de la sala de Parto Humanizado del Centro de Salud de Santa Lucía.

Durante su visita a la ciudad de Guayaquil se refirió a la constitución de la Plataforma de Mujeres Progresistas por el País que Queremos, iniciativa que agrupa a mujeres de todas las provincias del país y que, más allá de un grupo partidario, constituye una plataforma política para garantizar la participación de la mujer en todos los espacios de tomas de decisión y funciones del Estado, desde un enfoque de ampliación de derechos, transformaciones sociales y redistribución de la riqueza.

“La disputa y la lucha de 2017 está en el Parlamento; no olvidemos lo sucedido en países como Brasil o Venezuela, donde estos han sido utilizados como herramientas de desgaste de los gobiernos progresistas, y no como garantes de la democracia y la voluntad popular”, enfatizó Rivadeneira.

Se prevé que el próximo encuentro de las Mujeres Progresistas se realice en la ciudad de Guayaquil.

Desde la Perla del Pacífico, Rivadeneira también anunció que a finales de septiembre, la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, será condecorada por la Asamblea Nacional del Ecuador, con el mérito Manuela Sáenz.

Parto Humanizado

En Santa Lucía, cantón del Guayas, la presidenta de la Asamblea realizó un recorrido por las instalaciones de la primera sala de parto vertical del cantón, a propósito del proyecto de ley con el mismo nombre que Rivadeneira impulsa en el legislativo.

El proyecto de ley de parto humanizado propuesto por la titular de la Asamblea, tiene como objetivo establecer los derechos obstétricos de las madres y de sus familias.

Durante el acto, al que asistieron alrededor de 1.000 personas, Rivadeneira afirmó que “este proyecto servirá para que sean las consideraciones médicas las que determinen la necesidad de una cesárea, y no las ambiciones económicas de ciertas clínicas y médicos. El parto humanizado debe ser el punto de partida necesario para el Buen Vivir”.

Además, la iniciativa plantea la necesidad de un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, y de las opciones culturales de la madre, quien tiene derecho a decidir cómo y dónde quiere alumbrar a su bebé, derecho a elegir quién la acompaña durante el trabajo de parto y postparto, derecho a tener a su lado a su hijo, especialmente en los primeros minutos, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de nacimientos por cesáreas no sea mayor al 15%, en Ecuador en la Red Privada de Salud el porcentaje alcanza el 80%, y en la red pública un 40%.

Fuente:

Asamblea Nacional del Ecuador