La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, tras una intensa labor para incorporar mejoras al texto remitido por el Ejecutivo. Sin ser estas medidas ideales, quienes ejercemos funciones de representación ciudadana debemos responder de manera realista y responsable a los desafíos que impone una coyuntura económica internacional y nacional compleja.
Lejos de especulaciones demagógicas, es con ese sentido de responsabilidad, y coherentes con el compromiso de proteger las fuentes de empleo de los ecuatorianos, así como de velar por el empleo de las y los jóvenes y la protección de nuestros compatriotas ante la eventualidad del desempleo, que nos hemos concentrado en dar tratamiento a esta iniciativa del Ejecutivo, incorporando criterios que buscan garantizar el bienestar de nuestro pueblo.
La coyuntura económica adversa que hemos vivido en los últimos meses nos ha llevado a tomar varias medidas para evitar un mayor impacto negativo sobre la ciudadanía. Sin embargo, pese a haber incorporado aspectos como la licencia de maternidad y paternidad de hasta por 9 meses más, no remunerada, con la posibilidad de hacer uso de las cesantías y la inclusión del despido ineficaz para que estas personas no puedan ser despedidas, la lluvia de críticas no ha cesado. ¿Cómo se nos ha ocurrido incluir una licencia sin pago? ¡Qué irresponsabilidad! Medida que además es voluntaria. ¿Cómo se nos ocurre que en medio de una desaceleración económica, haya que pagarle un estipendio –no menor a un tercio del salario básico unificado- a los jóvenes pasantes?
Antes, para aquellos que hoy se rasgan las vestiduras, cuando las medidas se tomaban para proteger privilegios de quienes más tenían, sin importar el resto de la población que, en muchos de los casos, tuvo que abandonar su propia tierra para sobrevivir, sí se trataba de medidas necesarias.
Claro que la meta es una licencia remunerada, un salario básico para los jóvenes pasantes y que los trabajadores no vean reducido su salario mensual, y hacia allá camina esta Asamblea. Sin embargo, la irresponsabilidad sería no intervenir por temor a tomar una decisión política que pudiera tener repercusiones en el apoyo popular. Pero no somos esa clase de gobierno.
El trabajo realizado por la Asamblea Nacional ha sido sumamente dedicado e intenso, pues apenas llegó el proyecto de ley se abrió un espacio de diálogo con todos los sectores, que contribuyó a mejorar significativamente la propuesta inicial en aras de proteger el empleo de las ecuatorianas y ecuatorianos, y de esta manera el bienestar de las familias.
Además de los mencionados anteriormente, los cambios y mejoras realizados por la Asamblea Nacional van mucho más allá del cambio de nombre de la ley. En el caso del empleo juvenil, que beneficiará a cerca de 170 mil jóvenes, se amplió la categoría desde los 18 hasta los 26 años, justamente por un pedido de las mismas organizaciones juveniles, pues en el proyecto original constaba en el rango de 18 a 24 años. Además, desde el Legislativo se propuso dar un mayor incentivo a los empleadores, quienes podrán deducir el salario de los trabajadores juveniles del impuesto a la renta.
Uno de los aspectos que mayor preocupación había causado era el referente a la reducción de la jornada laboral. En este sentido se mejoró el texto propuesto, para garantizar la conservación de las fuentes de empleo en las empresas y que la modificación de la jornada se realice solamente en situaciones de fuerza mayor.
Sobre el seguro de desempleo y las cesantías, desde el Legislativo se propuso la posibilidad de que sea el desempleado quien opte por retirar su cesantía o acogerse el seguro de desempleo, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Desde luego, esperamos que ningún ecuatoriano quede desempleado; pero este seguro de desempleo es una garantía para que los ciudadanos afectados por esta contingencia puedan seguir manteniéndose por al menos 8 meses, teniendo en cuenta que un ecuatoriano, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tarda 6 meses en promedio en conseguir un nuevo trabajo.
Mientras países como Estados Unidos fijaron un porcentaje de seguro de desempleo del 28%, Ecuador, lo hizo en el 70%.
Cabe destacar que el Fondo de Cesantía no desaparecerá, y que el Seguro de Desempleo se financiará con el 1% de aporte patronal a un fondo solidario.
¿Cómo se nos ocurre apelar a la solidaridad en un caso como este? Pero ¿qué pueden entender de solidaridad quienes salvaron sus pellejos dejando en la calle y sin familia a millones de ecuatorianos? No podemos permitir que el egoísmo se convierta en un mandato cultural. Ya lo decía Eduardo Galeano, a diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder, y en este caso fueron los derechos de los trabajadores los que primaron.
Lo repito: desearíamos que ningún ecuatoriano se quedara sin empleo, pero es una eventualidad ante la que tenemos que tomar medidas efectivas.
Por ello, desde la Asamblea, introdujimos una transitoria para que quienes hayan perdido su empleo desde el 1 de enero de 2016, también puedan acogerse a esta medida.
Otra de las perspicacias que han surgido se refiere a la sostenibilidad del Seguro de Desempleo. El estudio actuarial establece varios escenarios con tasas de desempleo que varían desde el 5,9% al 10%, y concluye que efectivamente existen los recursos necesarios para garantizar la viabilidad del mismo.
Las observaciones de todos los sectores son siempre bienvenidas, no en vano esa ha sido la política de esta Asamblea Nacional y sus puertas abiertas. Sin embargo, en épocas difíciles, más que nunca, se requieren de críticas constructivas, pero sobre todo coherentes, no solo con el momento económico, sino con la naturaleza progresista de este Gobierno. Criticar por criticar, y criticar por denigrar cualquier medida, no solo es demagógico sino destructivo.
La Asamblea Nacional acompaña el esfuerzo de todos los ecuatorianos y es por ese motivo que este año daremos máxima prioridad al tratamiento de propuestas de índole económica y productiva, aunque esta centralidad de los temas económicos en el quehacer legislativo no es nueva. A lo largo del periodo comprendido entre enero de 2015 y febrero de 2016, el 35% de la producción normativa de nuestro Parlamento ha estado orientada a la economía y la producción.
Estoy convencida de que juntos podemos enfrentar esta coyuntura, con el menor daño posible, entre todos, arrimando el hombro y cuidando lo alcanzado estos años como un patrimonio compartido de toda la sociedad. En momentos difíciles, nuestro compromiso debe ser aún mayor, y mayor debe ser nuestro sentido de responsabilidad con el país y con los intereses del conjunto de la ciudadanía. Porque el país que queremos es un país que contiene a todos sus hijos, es un país solidario, que no desampara a las mayorías para promover a unos pocos.
En una coyuntura similar, cualquier otro gobierno se hubiese entregado a la voracidad de los más poderosos, arrojando las grandes mayorías sociales al más crudo desamparo. Está en el ADN del neoliberalismo actuar de esa manera. Pero el Ecuador, afortunadamente, a pesar de las dificultades, desde hace 9 años ya no sigue esos pasos.
Aunque no siempre podamos tomar las medidas ideales y tengamos que responder a circunstancias adversas con medidas coyunturales para evitar males mayores, hay un horizonte de democracia y ciudadanía plenas al que nunca vamos a renunciar, un horizonte que nos impulsa y en el que creemos firmemente.