Descalificar batallas, desacreditar obras: la vía “blanda” de la restauración conservadora
Hace poco señalaba que “sin sus batallas emblemáticas, la Revolución Ciudadana no es nada, se convierte en una cáscara vacía”. Habría que agregar que sin sus obras emblemáticas, tampoco. Sin la formidable inversión pública que caracterizó a la última década, sin los hospitales, escuelas, hidroeléctricas, carreteras, etc., sin las políticas de inclusión y redistribución, estaríamos hablando apenas de buenas intenciones, de retórica progresista, simpáticos enunciados pero carentes de sustento. En otras palabras, estaríamos hablando desde la comodidad de una izquierda testimonial, anclada en la denuncia de las injusticias y sin compromiso efectivo con la superación de las mismas.
Precisamente, uno de los rasgos de nuestro proceso político ha sido el sentido de responsabilidad y la coherencia de sus propuestas en relación con los reclamos y las promesas que supo encarnar desde sus orígenes. Las batallas ideológicas, las disputas por el sentido, el discurso de la Revolución Ciudadana no han girado en el vacío, sino que han estado siempre acompañadas de realizaciones, obras y gestión que marcaron una ruptura radical con respecto al pasado reciente.
Las batallas y las obras, por lo tanto, han sido inseparables: ambos aspectos forman una unidad. No pueden entenderse unas sin las otras. Por eso, quienes apuntan contra ellas de manera sistemática y generalizada, buscan atacar el corazón de la Revolución Ciudadana. En estos tiempos tan “dialoguistas” y “convivenciales”, en medio de tantas loas a la concordia y tanta descalificación simplista de la disputa político-ideológica, conviene traer a la memoria el momento fundante de nuestro proyecto político, cuando para todos estaba claro que para poder hacer las obras que la ciudadanía demandaba, para comenzar a saldar la deuda que el Estado tenía con la sociedad, con sus grandes mayorías sociales, era necesario dar sin titubeos ciertas disputas básicas.
Sin ir más lejos, sin las batallas que permitieron renegociaciones de la deuda externa y los contratos petroleros a favor del Estado ecuatoriano, sin vencer las resistencias que implicaba afrontar la tarea de fundar una fiscalidad seria y progresiva, no hubiera sido posible la inversión pública que posibilitó las grandes transformaciones en infraestructura energética, vial, educativa y sanitaria que se impulsaron estos años.
¿Por qué volver sobre esto? Porque ahora que en la política y la prensa reinan la concordia y el consenso absoluto, todos los días nos despertamos con mensajes irresponsables, superficiales y tremendamente injustos acerca de las realizaciones de la década pasada y nos vamos a dormir con la vieja cantinela anticorreísta de la partidocracia, como canción de cuna.
Evidentemente, es más fácil destruir que construir. En apenas unos meses se puede tirar abajo lo que nos costó años levantar. Sería una pena que la principal obra de un gobierno votado por la ciudadanía como expresión del proyecto político de la Revolución Ciudadana acabara siendo la construcción de un relato de descrédito y desmoralización acerca de los logros colectivos más importantes de la década. Nos ha costado mucho esfuerzo como sociedad levantar un país de sus ruinas, construir institucionalidad e infraestructura como para darnos el lujo de ponerlo todo en entredicho, arriesgando lo construido sólo para “renovar imagen”, “marcar diferencias” y darles el gusto a nuestros antagonistas de siempre.
La reflexión en torno a la obra pública del ciclo más revolucionario de la historia ecuatoriana no puede ser abordada con superficialidad, desde el oportunismo ni desde los prejuicios sembrados sistemáticamente por la derecha opositora todos estos años, para la cual todo ha sido derroche. Es obvio que fueron muchos los sectores resentidos con el cambio de rumbo planteado por la Revolución Ciudadana, esos mismos sectores que habían mantenido capturado el Estado durante décadas para sostener y expandir sus redes de negocios. Haber establecido protocolos y criterios que permitieran una adecuada identificación de la necesidad de una obra, su planificación, gestión presupuestaria y seguimiento GPR (gobierno por resultados), que contemplaran la puesta en marcha y sostenibilidad de los proyectos constituye una conquista de todos los ecuatorianos.
Recordemos las dos demandas sociales fundamentales, íntimamente ligadas entre sí, que marcaron el nacimiento y los compromisos fundamentales de nuestro proyecto político: 1) la necesidad de ampliar la participación ciudadana para recuperar el Estado y la política al servicio de las grandes mayorías, para lo cual se convocó a la Asamblea Constituyente y a consultas populares, y 2) la importancia de quebrar la asociación espuria entre política y negocios de la que las redes de corrupción institucionalizada forman parte.
En ambas tareas, es mucho lo que hemos avanzado y también es mucho lo que queda por hacer, aunque algunos prefieran suscribir la matriz de opinión restauradora del pasado que una oposición cerrada, hostil al cambio y defensora de sus mañas y privilegios tradicionales ha querido instalar desde el primer día de la Revolución Ciudadana.
Fue nuestro gobierno el que desmanteló la corrupción institucionalizada con la que se topaba cada ciudadano al momento de realizar el más simple trámite. La transformación del SRI y del Registro Civil, el cierre de las universidades de garaje que representaban una estafa para los jóvenes y un gran negocio para empresarios inescrupulosos, las hidroeléctricas que al fin lograron quebrar el negociado socialcristiano de las barcazas son todas conquistas colectivas de la ciudadanía que significan mayor transparencia, menos corrupción, más institucionalidad y que fueron alcanzadas durante esta década, hoy tan cuestionada por los detractores habituales a los que inesperada e inexplicablemente se han sumado algunos que hasta ayer considerábamos compañeros. ¿Acaso todo esto no es lucha contra la corrupción?
Está claro que debemos seguir combatiendo la corrupción en la función pública, buscando más y mejores mecanismos para impedirla y sancionarla. Ha sido nuestro gobierno el primero en actuar para que los hechos de corrupción no queden, como ocurría en el pasado, en la impunidad.
Recientemente, junto con las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el binomio propuesto por nuestro movimiento, también obtuvimos una victoria de trascendencia para la región y el mundo entero en la consulta popular sobre paraísos fiscales, que coloca al Ecuador a la vanguardia en la lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos, al atacar uno de sus engranajes fundamentales: la posibilidad de éstos de esconder fortunas malhabidas en esas oscuras guaridas financieras.
Lo que es injusto, miope y suicida es, en cambio, enlodar el sentido de una política pública, descalificando la obra entera de un gobierno y desacreditando en bloque un proceso histórico y al conjunto de sus protagonistas por unos hechos o por unos cuantos funcionarios corruptos que deberán merecer la condena absoluta y sin reservas de la militancia, la ciudadanía y la Justicia.
Los funcionarios que traicionaron a la ciudadanía y al proyecto político que les dio su confianza, que se aprovecharon de su posición para enriquecerse cometiendo ilícitos absolutamente reñidos con la ética pública y los deberes que se derivan de sus cargos, deberán ir a la cárcel y mantenerse para siempre alejados del servicio público.
Si se considera necesario ir a un proceso de consulta popular para contribuir a profundizar la lucha contra la corrupción o mejorar cualquier otro aspecto de la realidad política, ahí estaremos junto a la ciudadanía, junto a las grandes mayorías sociales cuyos derechos la Revolución Ciudadana vino a reparar y expandir. Siempre hemos creído en el veredicto ciudadano como una instancia inapelable y fundamental de la democracia. Pero si a lo que apuntan es a “bajarse” los logros de estos diez años junto a sus nuevos compinches de la derecha, junto a lo peor de la vieja política nacional, camuflándose bajo falsos ropajes éticos de cruzados de la transparencia y la honestidad, entonces, ¡sincérense! En ese caso, vayamos a una Asamblea Constituyente y volvamos a discutir en serio qué proyecto de país queremos: si el proyecto histórico de la Revolución Ciudadana que ganó el 2 de abril o el de los grupos de poder tradicionales que fueron derrotados, pero que por alguna misteriosa razón fueron escogidos como interlocutores privilegiados en estos primeros meses de la nueva gestión.
Nosotros, como movimiento, como la fuerza política más importante del presente y de la historia reciente del Ecuador estaremos donde siempre hemos estado, levantando las mismas banderas, impulsando los mismos ideales y fortaleciendo el polo de las fuerzas populares, progresistas, latinoamericanistas y de izquierda. Nuestro proyecto político es mucho más que un gobierno, lo trasciende. A los oportunistas que usaron a Alianza PAIS como plataforma para luego sacrificar y entregar un proyecto colectivo a sus enemigos, les espera el olvido y la indiferencia. La Revolución Ciudadana seguirá haciendo historia y será recordada gracias a sus verdaderos militantes que seguirán construyendo junto a las grandes mayorías sociales un Ecuador de soberanía y justicia social, donde el único mandante siga siendo el Pueblo.
