Ciudad de Panamá, 15 de junio de 2016

Estimadas y estimados compañeros parlamentarios,

Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a todas y todos ustedes por su participación en este foro, pues su sola presencia representa la preocupación y el compromiso compartidos por abordar los temas económicos en la región y ver por soluciones para las dificultades que el contexto internacional presenta para los países de América Latina y el Caribe.

Debemos recordar siempre que el mayor imperativo ético y político que nos convoca es la lucha contra la pobreza, contra la discriminación y la exclusión, que por siglos marcaron el desarrollo de nuestras sociedades, hasta hacer de nuestra hermosa tierra el continente más rico y a la vez más inequitativo del planeta.

A partir del tristemente célebre “Consenso de Washington”, en el cual los pueblos latinoamericanos fuimos convidados de piedra, se estableció para nuestra región una ruta de desarrollo que nos colocaba en la base de una pirámide productiva diseñada para mantener una supuesta división internacional del trabajo, donde nuestro papel era el de ser por un lado proveedores de materias primas, y simples consumidores, por el otro.

Durante décadas, el papel del Estado se minimizó, para instalar en la región políticas de aperturismo que delegaban en el mercado las decisiones políticas, dando como resultado regímenes que nos sumieron en una pobreza sistémica que afectaba, en el caso de mi país, Ecuador, a casi el 40% de la población, aun antes de la crisis bancaria que provocó en el año ‘99 la mayor incautación de bienes privados de nuestra historia, en un salvataje bancario que nos costó una década perdida para el desarrollo, y lo más grave, una ola migratoria que destruyó familias y nos dejó sin esperanzas.

En estas condiciones, la fuerza del Sur despertó y se empezaron a vivir en el continente cambios estructurales, por la llegada de gobiernos progresistas que cumplen los mandatos para los que fueron electos, para el bien común, para poner el Estado al servicio de las mayorías, para marcar un giro histórico en nuestros países, a favor no del gran capital, sino de los seres humanos.

Es nuestro deber como parlamentarios responder a este nuevo tiempo, para producir leyes y normativas que sean instrumentos útiles para vencer a la pobreza, para consolidar democracias paritarias en nuestros países, lo que solamente será posible si ampliamos las bases de participación política en la toma de decisiones.

En este contexto la integración regional es una premisa que nos debe movilizar con gran sentido de la urgencia, para consolidar estos cambios estructurales, para darle un gran impulso al crecimiento endógeno, al Banco del Sur, al Fondo del Sur, y también para afrontar de manera conjunta los abusos a los que las transnacionales intentan someternos, y los embates contra nuestras democracias.

Nuestra región está lista para asumir en este nuevo siglo el rol geopolítico que le corresponde, y es deber de los parlamentos regionales asumir este reto para crear normativas que faciliten el encuentro y el reconocimiento de la gran familia que somos.

En este marco de integración debemos ver también por promover política económicas comunes desde los parlamentos, tomando en cuenta que la economía es una ciencia política y todas las decisiones económicas son, por lo tanto, decisiones políticas que desde los parlamentos debemos apoyar, cuando van en beneficio del bien común, mucho más en estos años, cuando factores exógenos nos han golpeado, como es el caso del precio del petróleo.

No existe una “mano invisible” que maneja la economía, lo que debe existir son gobiernos y parlamentos comprometidos con el futuro de nuestro continente, con la defensa de la democracia, de los recursos, de la diversidad cultural, de la inclusión de los sectores que históricamente fueron marginados.

Este es un nuevo tiempo, y a este cambio de era nos debemos.

En este marco esperamos que como región podamos, a la mayor brevedad posible, concluir con las terribles taras económicas y sociales que heredamos del siglo pasado, con esos índices de acumulación exagerados que son acaparados por poquísimas manos, mientras millones sobreviven en una economía marginal, que se transforma en un mal hereditario, generación tras generación.

Un proceso regional de redistribución de la riqueza es urgente, al igual que fundar democracias que respondan a su nombre, es decir a gobiernos del pueblo, que respeten la diversidad, pero siempre con igualdad de condiciones, es decir con equidad.

En este sentido he venido hoy aquí con la intención de compartir mi perspectiva de lo que ha sucedido en América Latina y el Caribe en los últimos años en materia de política económica, teniendo además la certeza que el desarrollo es un proceso político y no netamente económico, pues siempre se necesita de la decisión política para generar políticas económicas que nos lleven a un desarrollo real. No podemos desligar a la economía de la política porque eso ya lo hemos visto y sufrido en el pasado, con la terrible consecuencia del aumento de las inequidades a nivel continental.

Es así que pienso que debemos, desde los parlamentos, seguir impulsando políticas económicas propias y de acuerdo a las realidades de nuestros países, recordando que desde noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, América Latina y el Caribe (ALC) marcaron con énfasis su voluntad de asumir las riendas de su propio desarrollo, sin tutelajes y pensando con cabeza propia las soluciones a sus propios problemas.

Con esto lo que estamos haciendo, además de tomar las riendas sobre las decisiones en torno a los temas que nos afectan de acuerdo a nuestras realidades, es afirmar nuestra convicción de que el desarrollo no es solo un tema técnico, es esencialmente un asunto político.

Por ello, para discutir y entender las causas y dimensiones de la crisis de la economía global, así como las opciones de superación requerimos, sobre todo, de un enfoque de economía política.

Las soluciones a la coyuntura trascienden lo técnico y quiero citar algo que decía el presidente Correa, cuando afirmaba en una de sus intervenciones que: “Con la ayuda de una supuestamente exacta y positiva ciencia económica, se disfrazó una simple ideología como ciencia y, como por arte de magia, el egoísmo se convirtió en la máxima virtud, la competencia en  modo de vida y el mercado en omnipresente e infalible conductor de personas y sociedades. Cualquier cosa que hablara de soberanía, planificación o acción colectiva debía ser desechada.” Lo que afirmaba el presidente Correa es que las soluciones solamente de “técnica económica”, como se lo hizo en especial durante los años ’80 y ’90 en muchos de nuestros países,  y sin consideraciones políticas y sociales, llevan a la destrucción de las sociedades.

En este sentido, quisiera plantear con claridad dos principios que guían nuestras reflexiones y nuestra práctica como representantes populares: las personas deben estar en el centro de la economía, el ser humano debe ser la prioridad, y no el capital, y segundo, necesitamos sociedades con mercado y no sociedades de mercado.

Aquí quisiera hacer una reflexión sobre lo que ha sido la última década para el continente para poder ver en qué punto nos encontramos tomando en cuenta que en materia económica la última década ha sido de expansión y crecimiento para el continente.

Es así que hasta 2014, la región de América Latina y el Caribe experimentó un boom en los precios de materias primas de exportación, lo que provocó un crecimiento de nuestras economías. Pero esto no implicó necesariamente un cambio estructural. Por el contrario, más allá de las intenciones y de los esfuerzos por dar el salto hacia una economía post extractivista, pospetrolera y menos dependiente de la exportación de materias primas, se experimentó en la región una dinámica de reprimarización de nuestras economías y volvimos a ser economías primario exportadoras.

Sin embargo, este proceso, con elevados precios de las materias primas, permitió a algunos países iniciar un importante proceso de redistribución de esta riqueza, que disminuyó los niveles de pobreza, redujo las desigualdades, pero nos dejó aún con la tarea pendiente de sentar las bases estructurales de sociedades más igualitarias y equitativas.

En este sentido, en un contexto internacional favorable, con pleno auge de los precios de las materias primas, podemos proponer al menos tres esquemas en los que se dio el aprovechamiento de los recursos disponibles:

1. Un primer modelo condujo a algunos países a utilizar los excedentes y el ahorro para la creación de fondos y generación de grandes reservas monetarias. Pensamos que este esquema puede ser adecuado en sociedades con altos niveles de desarrollo humano, pero es difícil de sostener en sociedad con tantas carencias, con carencias tan básicas en servicios e infraestructura como las nuestras.

2. Un segundo modelo consistió en redistribuir los excedentes para pagar las deudas sociales que acumuló el neoliberalismo, con el fin de reducir pobreza y desigualdad, cerrar brechas, garantizar servicios públicos y derechos como salud, educación, desarrollo infantil, seguridad social… pero sin afrontar las tareas ni las inversiones necesarias para sostener en el tiempo una apuesta de cambio estructural.

3. Un tercer modelo que se puede identificar llevó a los países a redistribuir los excedentes para pagar las deudas sociales y, al mismo tiempo, a generar cambios estructurales en el sistema económico y productivo. Equidad, igualdad, justicia y una economía productiva, generadora de valor, que logre en el medio plazo superar su carácter primario exportador y secundario importador. Una economía que garantice derechos, empleo, estructura productiva inclusiva y pactos fiscales progresivos.

Sin embargo, luego de este boom, la caída pronunciada de los precios de las materias primas, de nuestros productos de exportación, ha causado graves problemas económicos a nuestros países, planteándonos preguntas y desafíos que, también desde los parlamentos, tenemos que afrontar.

Y aquí no podemos dejar de señalar que las salidas que planteemos a la actual coyuntura vuelven a colocar en el centro del debate si se profundiza el actual esquema económico de la región o seguimos apostando a la superación de las limitaciones estructurales que aún padecemos.

Es en este contexto que debemos formularnos las preguntas. En este sentido, ¿son las políticas de austeridad una alternativa positiva para América Latinas y el Caribe? Políticas de austeridad que han sido criticadas incluso por organismos que antes las fomentaron, como el FMI. Además, en el nivel de desarrollo de América Latina y el Caribe, la inversión pública y el estímulo de la demanda son fundamentales.

Si lo que está en juego en este momento son los logros sociales de la última década, estimular el empleo es un tema central en este momento.

El segundo tema que pienso debemos tratar a profundidad en este encuentro es la complementariedad entre inversión pública e inversión privada.

En este sentido parece ser que en la región han estado presentes posiciones radicalizadas: solo vale la inversión pública o solo vale la inversión privada. Y aquí es necesario plantearse una sinergia entre la una y la otra. Aquí cabe reflexionar que cada una, tanto la inversión pública como privada, puede apuntar a una parte de las estrategias nacionales de desarrollo y ser complementaria de la otra.

Hay que tomar en cuenta, además, a la inversión extranjera que debe ser complementaria a la nacional y debe cumplir las planificaciones nacionales.  En este sentido, discutir sobre los marcos jurídicos para la inversión extranjera es esencial. Debemos poner en discusión, por ejemplo, si los TBI son mecanismos que en verdad “atraen inversiones”, o solo protegen al capital en detrimento de las soberanías estatales.

En este punto, debemos ver que la política de inversiones en nuestros países debe cumplir con ciertos objetivos claros, como la generación de empleo local, generación de encadenamientos locales, generación de valor agregado y generación de capacidades y transferencia de tecnología.

Otro de los puntos sobre los que debemos debatir es cómo enfrentar la crisis con pragmatismo y una clara ética de lo público, es decir, sin poner en riesgo los logros sociales que muchos de nuestros países han tenido en los últimos años. Por eso, poner a la igualdad en el centro de nuestras preocupaciones y fortalecer la resiliencia de las sociedades son temas centrales. Valoramos la discusión promovida por la CEPAL y el PNUD en este sentido.

Otra de las preguntas que quiero dejarles planteada para su discusión, una pregunta cuya vigencia se acentúa en este momento, es ¿qué hacer con la integración regional en este contexto?

Aquí creo que nos debemos una autocrítica, pues la agenda de la integración regional ha sido colocada entre paréntesis, en una pausa, algo que consideramos que en el contexto actual es un error histórico, ya que si algo exige la actual coyuntura es acelerar la integración, el comercio regional complementario, la integración política y la nueva arquitectura financiera regional.

Finalmente debemos tratar el problema de cómo enfrentar la crisis mundial en el continente más inequitativo del mundo.

Las políticas públicas y las políticas económicas -lo sabemos- no son neutras, favorecen más o menos a los distintos grupos poblacionales. Por ello, es claro que debemos tomar medidas que favorezcan la igualdad y que en ningún caso promuevan una concentración de la riqueza en pocas manos, que hoy por hoy es ya oprobiosa.

Queridas compañeras y compañeros:

El Sur ha despertado. Y más que eso, nos hemos puesto a caminar en una misma dirección: la que nos marcan nuestros pueblos para consolidar cambios estructurales que nos permitan construir países y sociedades más igualitarias y justas, más equitativas, con mejor reparto de la riqueza común, y con inclusión de todos y todas.

La historia nos enseña que nuestras soberanías debemos defenderlas unidos. Ya en el pasado tuvimos enfrentamientos entre Estados, que fueron fomentados de manera más o menos encubierta por transnacionales que se disputaban uno u otro yacimiento.

Ya se augura una crisis mundial que sin duda verá con codicia el agua de nuestro continente, que representa más del 40% de agua dulce del mundo. La soberanía alimentaria debe ser una prioridad, con fomento del intercambio de productos al interior de la región, para ser totalmente autosuficientes. Y algo fundamental, la soberanía del conocimiento, que es algo que marcará el desarrollo de este siglo.

La integración debe plasmarse en una práctica permanente. A nivel interparlamentario hemos establecido lazos firmes, que deben crecer en intercambios aún más activos, para acelerar los cambios que durante el siglo pasado se refrenaron.

La soberanía regional debe comenzar por volver efectivo el anhelo de un continente de paz, libre de bases militares extrarregionales. Una cosa es inseparable de la otra. No vamos a renunciar a esa meta certera que es la paz, en la región y en el mundo, y pronto esperamos celebrar la paz de Colombia como la más preciada de las noticias.

Estos son algunos de nuestros retos, y debemos cumplirlos para que las nuevas generaciones puedan enfrentar nuevos desafíos que nos movilicen. Somos un continente joven, lleno de vida, de culturas diversas, lleno de futuro.

Hoy la historia nos convoca a redoblar los esfuerzos de la integración a partir de nuestras potencialidades, a partir de la afirmación de nuestras soberanías y de nuestras democracias.

Muchas gracias.