Mujeres de pie, contra la violencia y el femicidio.

El 8 de marzo, como sabemos, fue fijado en el calendario por las compañeras que nos precedieron y nos abrieron el camino en la lucha por la igualdad: las revolucionarias de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que lo establecieron como una jornada mundial para visibilizar, además de la desigualdad de clase, la desigualdad de género.

Este año hemos decidido lanzar la Campaña “Tejiendo mis Derechos” para unirnos más y afianzar los lazos que unen y comprometen a la Asamblea Nacional con las mujeres ecuatorianas. A lo largo de este mes, diferentes colectivos de mujeres de todas las provincias del país participarán de una acción movilizadora que culminará el 24 de marzo con la entrega de un gran tapiz conformado con los retazos unidos de diferentes colores aportados por cada uno de los grupos, donde estarán consignados logros y retos para las mujeres en el Ecuador.

Hemos recurrido a la figura del tejido por todo lo que representa como práctica cultural de colaboración y solidaridad y para motivar la construcción de redes que activen nuestras demandas y nuestra presencia.

Las ecuatorianas hemos dado pasos importantes como consecuencia de la lucha histórica del movimiento de mujeres y en años recientes hemos ganado un protagonismo mayor en la toma de decisiones, como resultado del amplio proceso de movilización social que caracterizó la lucha contra el neoliberalismo y el ascenso de la Revolución Ciudadana.

Nuestras demandas tuvieron un lugar especial en el gran impulso constituyente de 2008, en el que diferentes colectivos y organizaciones de mujeres asumieron un protagonismo decisivo.

La parte más visible de las transformaciones que hemos vivido en materia de género sea quizá el crecimiento formidable de nuestra participación en la política, en los distintos niveles de acción y decisión.

En lo que hace a la Función Legislativa, nunca está demás reiterar el hecho histórico de que en este último periodo las mujeres constituimos el 42% de asambleístas. En mi caso, ser la primera mujer en presidir la Función Legislativa ha sido un honor y una enorme responsabilidad, dado que, todavía, las mujeres que irrumpimos en espacios tradicionalmente reservados al protagonismo de los hombres somos juzgadas con altas dosis de prejuicios y con mayor severidad que la que se aplica a ellos.

Sin embargo, las desigualdades que nos afectan siguen siendo una realidad dura, estructural, en la que compartimos la suerte de nuestras hermanas de toda la región, pese a los esfuerzos y las transformaciones planteadas en la última década.

Una manifestación terrible de la condición subordinada que todavía tenemos las mujeres en el ordenamiento social son las formas específicas de violencia que sufrimos por nuestra condición. La violencia contra las mujeres, que en los casos más extremos acaba en el crimen, no se puede reducir a hechos aislados o a meros comportamientos de “desadaptados”. Al contrario, es parte consustancial de una sociedad y una cultura que refuerzan continuamente estereotipos que nos condenan a una experiencia del espacio público y de la vida llena de prejuicios y de amenazas.

La semana anterior recibí a estudiantes del colegio Benalcázar y una chica me preguntó si Marina Menegazzo y María José Coni, las jóvenes argentinas brutalmente asesinadas en Montañita, habían sido víctimas de femicidio. Es curioso y sintomático que, mientras entre los más jóvenes parece cada vez más claro que la violencia contra las mujeres y la cultura de la violación son inseparables de la vigencia de mandatos dicotómicos de género y no constituyen fenómenos marginales, sino que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad y nuestra cultura, el enfoque predominante en la prensa, en la política y en la Justicia, es decir, en el conjunto de la sociedad, continúa muchas veces negando esta realidad e invisibilizándola.

El crimen horrendo de las chicas argentinas en Montañita nos pone de frente ante las consecuencias más espantosas de una cultura machista y patriarcal que nos subordina, nos margina, nos agrede y, en casos extremos, nos mata por nuestra condición de mujeres. Desde la Asamblea Nacional, hemos dado un paso en el reconocimiento de esta realidad terrible, al haber tipificado penalmente el delito de femicidio.

Pero esto, siendo importante, no alcanza. Impulsar con más fuerza un cambio cultural en este sentido es la gran tarea que tenemos por delante. Las mujeres tenemos derecho a viajar, a caminar libremente y sin miedo, a estudiar, a trabajar, a divertirnos, a celebrar la vida en pie de igualdad. Marina y María José tenían también ese derecho, pero el horror de sus muertes es un signo de la evidente desigualdad y la violencia naturalizada contra las mujeres que son todavía rasgos estructurales de nuestra sociedad.

Yo estoy convencida de que en una sociedad que naturaliza e invisibiliza la violencia contra las mujeres, en una sociedad que revictimiza a las víctimas, juzgándolas a partir de su conducta privada, de su condición social, de sus modos de vestir o de los usos que realizan del espacio público, en lugar de juzgar a los victimarios; en una sociedad que sigue fomentando expectativas diferenciadas y subordinadas en torno a las mujeres, aceptando como naturales esos usos y esas conductas esperadas de unos y otras, en fechas como esta no podemos caer en el mero recordatorio de nuestros avances ni tampoco en la celebración de lo conquistado. Reitero, ¿cómo se entiende si no que, a pocos días de ser conmovidos por un doble femicidio horrendo, ni el sistema nacional de justicia ni la prensa dominante llamen a las cosas por su nombre?

Hoy los nombres de las chicas argentinas, sumados a los de Karina del Pozo, Sharon, Vanessa Landínez y tantas otras víctimas de la cultura machista, nos convocan a acabar con la tolerancia social hacia la violencia que sufrimos las mujeres.

El cambio profundo es siempre resultado de la organización, la movilización y la conciencia de sus protagonistas, no se sostiene únicamente en la voluntad o en la decisión de una gestión de gobierno. Es a ese protagonismo, al protagonismo de las mujeres en la definición de sus prioridades, en el balance de sus logros y en la articulación de sus demandas, al que hoy estamos apelando para continuar impulsando la igualdad de género.

La Campaña Tejiendo mis Derechos busca fortalecer los lazos entre nosotras en momentos en que, como sociedad, caminamos hacia un nuevo momento en el que también queremos ser parte activa de la definición del país que queremos, un Ecuador en el que mujeres y hombres vivamos el espacio público, el doméstico y el laboral en igualdad de condiciones. Desde la Asamblea Nacional, vamos a continuar en esta lucha compartida, codo a codo con las mujeres ecuatorianas, codo a codo con los hombres que quieren un país que sea también el país de sus hijas, madres, hermanas y compañeras.